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Seguridad

Obtiene Fiscalia General 15 años de prision contra responsable en el homicidio del presidente municipal de Nahuatzen

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Obtiene Fiscalia General 15 años de prision contra responsable en el homicidio del presidente municipal de Nahuatzen

Morelia, Michoacán, a 12 de enero de 2021.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), obtuvo mediante procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de 15 años de cárcel en contra de una persona del sexo masculino, por su responsabilidad en el homicidio del presidente municipal David Eduardo Otlica Avilés, ocurrido en abril de 2019, en el municipio de Nahuatzen.

Se trata de Gerardo A., quien de acuerdo a los datos que constan en la Carpeta de Investigación, el 23 de abril de 2019, ingresó al domicilio del Presidente Municipal, lo amagó con un arma de fuego y posteriormente se lo llevó en un automóvil tipo Mustang.

El cuerpo de David Eduardo Otlica, fue localizado horas mas tarde, en las inmediaciones de la carretera La Mesa-Cortijo Nuevo, en el municipio de Coeneo.

Con los datos de prueba obtenidos durante el trabajo de investigación, la Unidad de Asuntos Especiales procedió a solicitar la respectiva orden de aprehensión, misma que fue concedida por el Juez de Control y cumplimentada por personal de la institución.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público solicitó la apertura del procediendo abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar Gerardo A., a 15 años de prisión, así como al pago por concepto de reparación de reparación del daño, por su responsabilidad en el delito de Homicidio Calificado.

El procedimiento abreviado, es una forma de terminación anticipada del proceso, que consiste en el reconocimiento del imputado su participación en el hecho delictivo y como consecuencia, se valora la pertinencia de reducir en un margen acotado, la sanción que se impondrá.

La FGE ratifica su compromiso con las y los michoacanos para actuar conforme a derecho en el esclarecimiento de los hechos constitutivos de delito, que afectan la integridad y los bienes jurídicos de las personas, como un deber ineludible para alcanzar la justicia.

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