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Política

Aprueban diputados reforma para difundir contenidos de la Constitución

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Morelia, Michoacán.-  Con el propósito de promover la educación cívica y cultura constitucional entre la población, el Congreso de Michoacán aprobó reformas al artículo 139 de la constitución local.  


 

La reforma establece que además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, el Estado deberá promover y atender todos los tipos y modalidades educativas incluyendo la educación media superior y superior necesarios para el desarrollo del Estado. 
 

Asimismo, apoyará la investigación e innovación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de la diversidad cultural en el Estado, así como los contenidos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán. 
 

El dictamen fue presentado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Desarrollo Social, en relación al análisis de la iniciativa de reforma al artículo 138 constitucional presentada por los ciudadanos Simón Baca Suarez y Gamaniel Esparza Verduzco; para determinar la obligación del Estado y sus municipios, de impartir y promover el conocimiento de los contenidos de la Constitución Federal, entre los habitantes de la entidad, a través de las autoridades, dependencias e instituciones en encargadas de la educación. 
 

En ese sentido, una vez realizado el análisis correspondiente las comisiones dictaminadoras determinaron que la opacidad en el conocimiento y difusión de la Constitución, ha incentivado los altos índices de desconfianza en las instituciones y por tanto en las formas de convivencia reguladas por la ley. 
 

Asimismo, acordaron que la propuesta tiene mayor viabilidad en el artículo 139, que en el artículo propuesto originalmente, a efecto de permitir que la reforma que se propone, pueda permitir u obligar a la implementación de estrategias de difusión de los preceptos constitucionales, enfocadas al grueso poblacional, para que éste asimile el modelo garantista que prevé la norma constitucional y que en esa proporción, exija de las autoridades actos acordes al mismo. 

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