Adios al bono vitalicio de los magistrados

Manlio Fabio Beltrones, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, dio a conocer que el “haber de retiro” de los siete magistrados electorales “no tendrá carácter de vitalicio, sino sólo y únicamente para los dos años, en los cuales les queda prohibido ejercer su profesión”.

Ayer, los diputados del PRI y de la oposición no se pusieron de acuerdo sobre el alcance de los cambios al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que hoy presentarán en la Comisión Permanente para limitar el controvertido bono.

En conferencia de prensa, Beltrones argumentó que al acotarlo se cumple con el espíritu de lograr que los magistrados, en el momento de terminar en su compromiso y al quedarles prohibido por dos años trabajar en algún otro lugar, “queden cubiertos sus emolumentos”.

Sin embargo, las bancadas de PRD, PAN, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano se pronuncian por la derogación total de esa prerrogativa.

Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de la bancada del PRD, detalló que la reforma a la Ley del Poder Judicial no era parte del primer periodo extraordinario “por lo que no debió discutirse siquiera”.

De acuerdo con el proyecto de los perredistas, el “haber de retiro” es en realidad un privilegio indebido para los magistrados electorales, “tomando en cuenta que los magistrados ganan cuatro millones 206 mil pesos al año, de los cuales dos millones 601, 900 pesos corresponden a sueldos y salarios, 866  mil 353 pesos en prestaciones y 737 mil 718 por un bono de riesgo”.

Sigue diferendo por pensiones al TEPJF

El PRI insiste en bajar a dos años el haber de retiro; el PRD cree que debe derogarse.

Los diputados del PRI y de la oposición no lograron ponerse de acuerdo sobre el alcance de las enmiendas que hoy presentarán en la Comisión Permanente para limitar el controvertido “haber de retiro” de los siete magistrados electorales.

Mientras las bancadas de PRD, PAN, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano se pronuncian por la derogación total de esa prerrogativa, los priistas buscan acotar el denominado “bono vitalicio” a sólo dos años.

Con el respaldo del Partido Verde y de Nueva Alianza, el PRI puede sacar adelante la rectificación tanto en la Comisión de Gobernación de San Lázaro como en el pleno, en el periodo extraordinario previsto para junio.

El pacto de palabra asumido el jueves para modificar los cambios al artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación entre las siete bancadas no pudo concretarse en un proyecto único, por la divergencia de posiciones.

Este mediodía, el PRI  buscará el respaldo del PVEM y del Panal para limitar el haber de retiro a dos años, en los cuales los magistrados del Tribunal Electoral —cuando acaban el periodo para el cual fueron electos— tienen prohibido trabajar o litigar en su profesión, adelantó Manlio Fabio Beltrones, coordinador del grupo parlamentario.

“No estamos hablando de bono, de ninguna manera. Los bonos los podrán constituir con sus ahorros, con algún mecanismo interno que ellos hayan estudiado, preparado o resuelto desde hace tiempo”, remarcó.

“Éste es un haber de retiro que no tendrá carácter de vitalicio, sino únicamente para los dos años, en los cuales les queda prohibido ejercer su profesión. Por cierto —hago la acotación—, para quienes se reintegren al Poder Judicial, donde tienen una carrera establecida, no habrá haber de retiro”, enfatizó Beltrones.

Detalló que “el espíritu de estos haberes”—que en otros casos sí se prolongan un tiempo mayor, según admitió— es que, habiendo cubierto la tarea de ser la última instancia de justicia en México, “nunca más tengan la necesidad de ejercer su profesión en contra o litigando donde interviene el Poder Judicial”.

Beltrones argumentó que limitando el haber de retiro  y “prohibiendo lo que algunos han dado en llamar el carácter vitalicio, se cumple con el espíritu de lograr que los magistrados, cuando terminen su compromiso y al quedarles prohibido por dos años trabajar en algún otro lugar, queden, verdaderamente, cubiertos sus emolumentos”.

Es soborno anticipado: PRD

El PRD también presenta hoy en la Comisión Permanente una iniciativa que busca la derogación de lo aprobado en la madrugada del jueves.

Miguel Alonso Raya, vicecoordinador de la bancada, recordó que esta reforma no era parte de lo pactado para el primer periodo extraordinario “por lo que no debió discutirse siquiera”.

El proyecto perredista para derogarla plantea que el “haber de retiro” para los magistrados electorales es en realidad un bono, “un privilegio indebido para quienes han desempeñado dicho encargo, tomando en cuenta que los magistrados ganan cuatro millones 206 mil pesos al año, de los cuales dos millones 601 mil 900 pesos corresponden a sueldos y salarios, 866 mil 353 pesos en prestaciones y 737 mil 718 por un bono de riesgo”.

Dijo que tales cantidades son exorbitantes e insultantes en comparación con los bajos salarios y escasas prestaciones que obtiene la mayoría de los mexicanos.

Aunque la bancada panista no firmará ninguna de las dos iniciativas, se adelantó que su postura se mantendrá por la derogación de cualquier bono de retiro, independientemente del nombre con el cual quiera disfrazársele.

Alonso Raya consideró que “persiste la duda de si en realidad se trata de un soborno anticipado por quienes lo introdujeron a trasmano desde el Senado y la aprobaron después en Diputados para congraciarse con dichos magistrados, quienes deben resolver en forma definitiva e inatacable las controversias.”

Por separdo, Luis Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, afirmó que estos haberes de retiro fueron una imposición del gobierno federal.

“No formaron parte de los acuerdos, que quede claro, y por tanto tenemos que limpiar el proceso legislativo”, dijo en entrevista con Ricardo Alemán para Grupo Imagen Multimedia; “El tema tampoco estuvo en la mesa de negociación” en la Segob.

Congreso prefiere ignorar ley de salarios máximos

En medio de la polémica por la autorización de haberes de retiro a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Congreso suma 30 meses de retraso en la creación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de la reforma constitucional que dispuso que ningún servidor público gane más que el Presidente de la República.

El dictamen para crear esta ley fue aprobado por el pleno del Senado el 8 de noviembre de 2011, pero desde entonces está guardada en la congeladora de las comisiones de la Cámara de Diputados; incluso en esta LXII Legislatura, en la que muchos de quienes la aprobaron en el Senado ahora son diputados.

La polémica por los haberes de los magistrados evidenció que las fuerzas políticas en la Cámara de Diputados prefieren presentar una nueva iniciativa; es decir, comenzar de cero el proceso legislativo, que desempolvar la minuta que tienen desde hace un lustro, y a la cual le pueden hacer modificaciones, porque se trata de una revisión y mejora de la minuta.

Desde el PRI y desde el PRD, tanto senadores como diputados se preparan para presentar una iniciativa; los priistas, que en este tema son encabezados por Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los diputados, presentan una iniciativa para que los haberes de los magistrados sólo se entreguen durante dos años, lapso en que ellos tienen prohibido ejercer su profesión una vez concluida su labor en el Tribunal.

Los perredistas están en la revisión de su propuesta y hasta anoche aún no había una redacción definida, incluso estaba en duda que la presentaran, porque prefieren esperar hasta cuando el presidente Enrique Peña Nieto publique en el Diario Oficial de la Federal el paquete de reformas y nuevas leyes en materia electoral, entre las cuales está la adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se refiere a los haberes, sin definir temporalidad ni cantidad.

La minuta que envió el Senado a la Cámara de Diputados en 2011 establece cárcel hasta por 14 años a los servidores públicos que ganen más que el Presidente, desde ministros de la Corte, magistrados, consejeros electorales, legisladores, rectores y todos aquellos cuyos salarios provengan del erario.

Además, coloca en la línea de la desaparición las pensiones de los expresidentes de la República, pues prohíbe la entrega de pensiones o jubilaciones que estén fuera de la ley, lo cual implica que mientras no exista la ley respectiva, las pensiones de los exmandatarios dependerán de la voluntad de los diputados federales, cuando esta ley de salarios máximos también pase por la aduana de San Lázaro para entrar en vigor.

De igual forma pone límites a las compensaciones y premios económicos que se reciban de la administración pública, así como de gratificaciones por final de sexenio o de periodos de gobierno o administraciones.

“Las liquidaciones al término de la relación de trabajo en el servicio público sólo serán las que establezca la ley o decreto legislativo, el contrato colectivo de trabajo o las condiciones generales de trabajo, y no podrán concederse por el solo acuerdo de los titulares de los entes públicos ni de sus órganos de gobierno. Los servidores públicos de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato”, advierte.

Vía: Excélsior.