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Opinión

Violencia contra periodistas, sinónimo de impunidad

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En México, 81 por ciento de los casos de agresiones contra periodistas quedan impunes, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habiendo sido registrados ante la Comisión de 1999 a la fecha, un total de 840 expedientes de actos violentos en contra de comunicadores.

Lo anterior, lo informó el Quinto Visitador de la CNDH Javier Tapia, durante la instalación de la Comisión Especial para dar seguimiento a las Agresiones contra Periodistas y Medios de Comunicación efectuada el pasado mes de febrero en el Senado de la República.

Según datos de la propia CNDH, desde el año 2000 se han registrado 82 homicidios de periodistas, 35 atentados contra medios de comunicación y 18 informadores desaparecidos.

Organismos internacionales, como Reporteros Sin Fronteras, han visto disminuida la libertad de prensa en México, equiparándolo con países como Somalia, Siria y Paquistán, siendo estas cuatro naciones (incluida la nuestra) las que tienen los registros más elevados de periodistas e internautas asesinados por asuntos relacionados con el ejercicio periodístico.

Según los registros de Reporteros sin Fronteras, la disminución de la libertad de prensa en nuestro país se ha dado de forma sistemática en los últimos años y lejos de estancarse cada vez va en aumento; entre 2009 y 2010, México pasó del lugar 136 al 138; bajó al lugar 149 en 2011 y al 153 entre 2012 y lo que va del 2013.

De acuerdo con el Informe Mundial 2011 de Human Rights Watch, en México numerosos periodistas, especialmente quienes se han dedicado a investigar asuntos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada, o aquellos que han asumido actitudes críticas contra las fuerzas de seguridad y las autoridades, han sido víctimas de persecución y ataques a su integridad.

Según el organismo, entre el año 2000 y septiembre de 2011, 74 periodistas fueron asesinados y si bien muchas de esas muertes fueron atribuidas al crimen organizado, Human Rights Watch señala que en algunos casos existen evidencias de la posible participación de funcionarios públicos.

Asimismo, con ocasión del citado informe, observó una clara y progresiva tendencia a perpetrar ataques contra personas que participan en las redes sociales, específicamente por parte de la delincuencia organizada.

Ante las estadísticas tan poco alentadoras para el ejercicio periodístico, no es difícil comprender el por qué numerosos organismos internacionales como los antes citados, ponen especial atención en el caso de México, formándose una opinión tan adversa sobre las condiciones de inseguridad que imperan en nuestro país para quienes hacen de la información su modo de vida.
A continuación la entrevista con el representante de Amnistía Internacional en México, Daniel Zapico.

“MÉXICO, PAÍS DE MUCHAS LEYES Y MUY POCA JUSTICIA”

El problema de la violencia contra periodistas es grave y de hecho las estadísticas, lejos de disminuir, han mostrado un aumento paulatino y sistemático en los últimos años; ¿qué nos puede usted decir al respecto como representante de Amnistía Internacional en México?

“Lo que hemos visto es una incapacidad de las autoridades para proporcionar justicia; casi todos los ataques contra periodistas, contra medios de comunicación y otros trabajadores de los medios permanecen en la impunidad; y al final si hay impunidad, esa la mejor garantía de repetición, porque quienes están detrás de estos ataques, no únicamente quienes los perpetran, sino quienes los ordenan, quienes los instigan, nunca rinden cuentas, y si no rinden cuentas al final terminan sin consecuencias; hay quien incluso ha dicho que en México, matar periodistas sale prácticamente gratis, porque casi todos los casos terminan en la impunidad”

Ustedes que son una organización internacional que cuenta con un prestigio sólido, con reconocimiento y presencia en varios países ¿qué cifras son las que tienen, qué datos duros nos pueden proporcionar para entender la magnitud del problema?

“Nosotros como Amnistía Internacional no nos quedamos con una sola cifra, porque hay diferentes fuentes y también hay diferentes metodologías; si estamos hablando únicamente de periodistas, si hablamos de periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación, si incluimos por ejemplo a quienes trabajan en medios comunitarios, no hay una única cifra. Lo que sí hemos visto es que todas las cifras de las diferentes fuentes, de Artículo 19, de la CNDH, de Reporteros sin Fronteras y de otras organizaciones, todas apuntan a lo mismo; aunque tengan ligeras variaciones, si una está hablando de 77 casos, otra de 83 asesinatos de periodistas, todas apuntan a lo mismo, que es a un incremento sostenido en los últimos años en los ataques a periodistas y también en una variedad de ataques, porque estas cifras que dan estas organizaciones o estos organismos como la CNDH no sólo incluyen los casos de asesinatos, sino que tenemos también que hablar de los casos de amenazas, de agresiones, de intimidaciones, de desapariciones forzadas también de periodistas, y de los ataques hacia los propios medios de comunicación; entonces no tenemos la cifra de ataques, porque dependiendo de la metodología habrá quien considera únicamente a quienes son periodistas, otros están considerando también a quienes trabajan en los medios de comunicación, aunque no sean periodistas; recordemos el secuestro hace unas semanas de trabajadores del Periódico El Siglo de Torreón, aunque no eran periodistas, entonces ahí hay una pequeña diferencia en las cifras; pero todos están hablando de que en los últimos diez años en México han muerto más de 70 periodistas, dependiendo de la fuente pueden ser más o menos, que en los últimos años han aumentado los ataques y las agresiones y que además la inmensa mayoría permanece en la impunidad”

¿Qué decir de esa impunidad que aparentemente es el tema principal en el que deberíamos enfocarnos cuando analizamos la información sobre agresiones y violencia? ¿Cree que habría que enfocarnos en esto? porque el sentido común dice que mientras haya impunidad esto seguirá ocurriendo y de no haberla quienes cometen estos crímenes quizás lo pensarían dos veces…
“Así es, lo que vemos es que la impunidad permanece; el año pasado el Legislativo mexicano aprobó una Ley para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque los agresores también se van en muchos casos contra defensoras y defensores de derechos humanos; y esta Ley está en fase de implementación pero todavía está muy lenta y todavía falta por avanzar en muchos aspectos y uno de ellos es precisamente la prevención de los ataques, que todavía falta mucho por lograr. A este respecto el Senado de la República aprobó hace apenas un par de semanas un punto de acuerdo entre otras cosas condenando los ataques contra periodistas que se han producido en el último mes, pero además pidiendo la implementación de esta Ley, la implementación efectiva.

Es necesario prevenir los ataques, pero es muy importante que se persigan efectivamente los ataques una vez que se han producido; si permanecen en la impunidad, al final quienes están detrás lo seguirán haciendo; y repito, no únicamente quienes están disparando, o quienes están amenazando, porque no debemos de olvidar que los ataques a periodistas no se producen en el vacío, sino que hay intereses detrás de estos ataques y hay interés de que no se conozca cierta información; es muy importante que las investigaciones lleguen hasta los responsables, pero también hasta los instigadores o hasta las personas que están ordenando estos ataques.

Además tenemos que tener en cuenta que los ataques contra periodistas no son sólo relevantes por el hecho de los ataques en sí mismos, es porque toda la sociedad, todas las personas que vivimos en México salimos perdiendo cada vez que hay un ataque contra periodistas, porque lo que se amenaza no es únicamente, que ya es mucho, la vida o la integridad de quienes trabajan para informarnos, sino que toda la sociedad termina sufriendo porque se amenaza el derecho a la libertad de información, y sin información cierta, sin información real e independiente, toda la sociedad pierde, porque no podemos tomar decisiones informadas y eso también lo vemos cuando algunos medios anuncian que van a dejar de cubrir cierto tipo de informaciones precisamente para evitar los ataques, es una decisión totalmente respetable, nadie está obligado a poner en riesgo su vida, pero es una consecuencia de lo que estamos viviendo como sociedad y esa consecuencia es parte de la falta de acción de las autoridades.

La impunidad es casi total, no se está investigando adecuadamente y además es muy posible que en ocasiones haya participación de funcionarios públicos en los ataques o en las amenazas contra medios de comunicación, no en todos los casos, pero sí es probable que haya casos en los que así suceda. Y durante mucho tiempo, lo que el Gobierno Federal ha hecho ha sido negar esta posibilidad, ha sido atribuir todos los ataques a grupos del crimen organizado como si el Estado no tuviese nada que ver, y sin embargo sí existe una clara responsabilidad por omisión; cuando hay amenazas el Estado no actúa, en muchos de los casos las agresiones han ido precedidas de amenazas y el Estado no ha actuado y al final termina muriendo gente.

Pero en otros casos también hay denuncias que no se investigan adecuadamente de una posible participación de funcionarios públicos en estas amenazas y en estos ataques y no se investiga.
Y esa falta de investigación, esa omisión también hace que el Estado sea responsable de la situación que viven quienes están informando en México”

En la anterior administración, el Gobierno Federal basó mucho su política de seguridad en una guerra abierta contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada – y empleó siempre este término para mencionarla – al mismo tiempo, las informaciones indicaban que siempre eran integrantes de la delincuencia organizada quienes perpetraban estos actos violentos y estas agresiones o crímenes contra gente de prensa y de medios de comunicación. No obstante, esto que usted mencionaba hace un momento también lo registró en su informe de 2011 sobre México la organización Human Rights Watch; que existen en algunos casos evidencias de la participación de servidores públicos, gente de la estructura gubernamental. ¿Qué más habría que decir de esto?
“En otros casos, por ejemplo en las agresiones a migrantes, hemos constatado muy claramente la participación de funcionarios públicos coludidos con grupos del crimen organizado, hasta el punto en que hemos documentado algunos casos incluso de policías entregando migrantes a grupos criminales y cosas así; entonces no es un secreto que existen funcionarios públicos o autoridades que en México están coludidos con grupos del crimen organizado, y esto no está siendo investigado.

La anterior administración lo negó sistemáticamente, a raíz del cambio de gobierno en diciembre pasado, la Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, en una actividad precisamente con Amnistía y con organizaciones de derechos humanos, reconoció que en ocasiones podía haber funcionarios públicos implicados en los ataques a periodistas y a defensores de derechos humanos. No señaló casos concretos, pero sí tuvo que hacer frente a la evidencia de las denuncias de muchas organizaciones, en el sentido de que aquí no hay solamente una cuestión criminal, estamos hablando de un problema muy serio de derechos humanos donde ya la omisión del Estado es muy grave, es muy grave la omisión a la hora de investigar.
Pero si además tomamos en cuenta que es posible que estén participando incluso funcionarios públicos, estamos hablando de una situación todavía más grave”

Viendo datos de la organización Reporteros sin Fronteras donde nos equiparan como país, a México, con otras naciones como Somalia, Siria y Paquistán, en cuanto a la disminución en la libertad de prensa, que además ha sido también sistemática y paulatina a lo largo de los últimos años, yo quiero pensar que se trata de países con una realidad socioeconómica muy diversa, muy distinta de la realidad mexicana; ¿en qué punto tendremos algo en común como para estarnos equiparando en esta situación específica de la disminución de la libertad de expresión, qué es lo que está fallando en todos estos países?

“En realidad hay motivos diferentes en los distintos países; México es un caso especial porque es un caso donde precisamente el control gubernamental sobre los medios de comunicación se redujo en años pasados y sin embargo, aunque eso debería haber supuesto una apertura hacia un mayor pluralismo en la información, se han dado estos ataques poniendo en peligro el pluralismo y la diversidad de opiniones. Entonces México es un caso diferente al de Somalia, por ejemplo, o al de Siria, donde hay una clara intención de las autoridades por controlar directamente por medio de censura previa, por medio de detenciones de periodistas a los medios de comunicación.

Estos días en Somalia por ejemplo, un periodista cubrió la noticia de una mujer que fue violada masivamente por un grupo de militares y la mujer se atrevió a denunciarlo; el Gobierno en lugar de investigarlo, encarceló tanto al periodista como a esa mujer. Ya hemos logrado que salga libre el periodista la semana pasada, pero ahí hay un interés muy claro de las autoridades.

En México es más bien una situación en la cual si bien el Gobierno Central no está intentando por medio de censura o de otros elementos similares controlar la información, que es lo que vemos en países como Somalia o Siria, sin embargo, el Gobierno está dejando de hacer su función de investigar estos ataques y está dejando que otros poderes que se lo pueden permitir, que tienen la capacidad de amedrentar, de atacar y de hacer uso de la violencia, estén intentando controlar a la prensa en los ámbitos locales o regionales; y lo vemos precisamente con eso, cuando hay medios de comunicación que directamente cierran o que anuncian que van a dejar de cubrir cierta información”

¿Es decir que los poderes fácticos de la delincuencia, quienes ejercen la violencia, avanzan cuando ven la omisión de la autoridad gubernamental?

“Así es, si las autoridades estuvieran cumpliendo con su obligación de investigar, con su obligación de proteger, con su obligación de prevenir, con su obligación de educar, todas estas cosas, seguramente estaríamos en una situación muy diferente; lo que vemos es que la estrategia de seguridad que se ha implementado en los últimos años y que todavía sigue, porque no ha habido cambios sustantivos – aunque se han anunciado todavía no se han producido – la estrategia de seguridad no ha traído más seguridad a México, lo que ha traído es un aumento de la violencia, y en ese aumento de la violencia los periodistas han sido de las víctimas más señaladas. Tal vez alguien pueda decir que a lo mejor unas cuantas docenas de muertos no son nada en comparación con los miles que se producen cada año en México en la lucha contra el crimen, pero ese no es el punto. No estamos comparando esas dos realidades, lo que estamos diciendo es que los periodistas se han convertido en objetivo en muchas zonas del país, porque la información es muy valiosa para la sociedad y hay intentos de que esa información no se conozca, no salga a la luz”
¿Cómo ven ustedes la acción del Senado de instalar una Comisión Especial para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación?

“Bueno, habrá que ver que esta Comisión cumpla con sus objetivos, el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron el año pasado una Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas y sería conveniente que el Senado y la Cámara de Diputados dieran un seguimiento a la aplicación de esta Ley, como con otras normas.

En México esta Ley fue un paso muy importante, esta Ley es un logro para la sociedad civil, cuenta con un Consejo asesor en el cual participa la sociedad civil, tanto defensores de derechos humanos, como organizaciones de periodistas; entonces tenemos esa norma y tenemos que lograr que se aplique como un primer paso, solamente un primer paso, porque al final no solamente es necesario proteger, sino también investigar y castigar.

Pero corremos el riesgo en México de aprobar leyes que finalmente no se aplican, México es un país con muchas leyes y muy poca justicia; entonces si el Senado avanza realmente en establecer controles y en controlar la aplicación de esta Ley y de otras para garantizar y proteger el derecho a la libertad de prensa y de información en México, será una medida positiva. Y si la Comisión realmente no cumple estas funciones o no avanza en este sentido, su utilidad habrá que verla”

Esta Ley y la Fiscalía que se creó también el año pasado durante la administración del Presidente Calderón, para dar seguimiento a las agresiones contra periodistas, ¿consideran ustedes que son en realidad letra muerta o están en vías de serlo?

“No, en el caso de la Ley no, porque está en vías de aplicación. Sí hay un compromiso, la Ley cuenta con presupuesto y hay un trabajo muy activo de la sociedad civil precisamente para lograr que se esté aplicando.

Precisamente esta Ley en eso se diferencia de muchas otras medidas, porque no se trataba de crear una nueva Ley o una nueva estructura – que muchas veces no funcionan – y es lo que vemos mucho en México; se crean nuevas Fiscalías o se crean comisiones o se anuncian proyectos, programas para solucionar problemas pero nunca se implementan o nunca se ven resultados.
Aquí la sociedad civil precisamente muy consciente de eso está dando seguimiento a la aplicación de la Ley y está exigiendo la implementación efectiva, el ejercicio de los recursos económicos, etcétera. Y es ahí donde todavía queda mucho camino por andar, y si realmente como sociedad civil vemos que el proyecto no está avanzando, que la Ley no se está implementando adecuadamente, lo denunciaremos, como lo hemos hecho en otras ocasiones.

Pero de momento seguimos en espera de que la Ley se aplique, a sabiendas de que no es la solución a todos los problemas”

Por: Rodrigo Serrano Ávila /elarsenal.net

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