¿Un país de leyes?

Una cuestión altamente positiva que se ha presentado en los últimos meses consiste en haber comenzado el debate, tanto en lo político como en lo social. Un país como el nuestro; con un sistema inacabado, de regiones disímbolas y grandes contrastes, requiere de una profunda reflexión, acompañada de acciones, eficaces, transparentes y apegadas al orden legal.

El modelo por el que vamos transitando y, que aún se encuentra sin concluir, es un estado social de derecho, cuyo eje central se localiza en la relación del estado con la sociedad, a partir de un régimen democrático, sostenido en las libertades, entendiendo éstas, en la posibilidad que tienen las personas para elegir entre diferentes opciones.

Precisamente una de esas libertades consiste en elegir a sus gobernantes y, uno de los fines de los partidos políticos, es participar con plataforma y candidatos en los procesos electorales. El próximo mes de julio habrá elecciones en más de la mitad de los estados del país, para ser preciso en 14, donde se renuevan Ayuntamientos, Congresos y solamente en Baja California también gobernador.

Un principio fundamental de toda democracia consiste en la equidad de las contiendas. No se trata de una graciosa concesión a los partidos políticos, es cuando menos un principio ético, consagrado en la constitución y una regla indispensable. Sin embargo, va mas allá, también la equidad sirve para salvaguardar las libertades y fortalecer la soberanía nacional, ya que no podemos olvidar que ésta reside originaria y esencialmente en el pueblo y, los ciudadanos el único acto soberano que realizan es el ir a votar. Por lo tanto, el contar con elementos que propicien un piso parejo en las campañas políticas para elegir gobernantes, es también respetar la soberanía, las libertades ciudadanas, el interés público de los partidos políticos y los más elementales principios democráticos.

Además, las libertades en democracia, aquellas que permiten al ciudadano elegir a sus representantes, constituyen una derivación de derechos humanos, reconocidos como derechos políticos, consagrados en el Pacto de San José y reconocidos en la constitución política del país. Es por ello que en el artículo primero se establece un imperativo a todas las autoridades, en los ámbitos de sus competencias, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, ordenando en caso necesario, la prevención, investigación y sanción, así como la reparación del daño en caso de violación a estos principios.

Sin abundar más sobre la materia, uno de los grandes problemas que seguimos teniendo en México se remite a la tendencia de hacer trampa en los comicios, peor aún, con la participación activa o pasiva de autoridades de toda índole, que sin mayor recato utilizan los recursos públicos como una práctica normal y cotidiana para favorecer a su partido político o candidato.

El botón de muestra -que existen muchos en este país-, se localizó en Veracruz un verdadero escándalo, en tanto que se pudo documentar a través de videos y grabaciones, se interpusieron denuncias y múltiples quejas. Lo que se obtuvo fue el -ahora- clásico: “no te preocupes Rosario”. El cinismo del gobernador Duarte no tuvo límites, simplemente recurrió al simplismo de “ellos hacen lo mismo”, “a confesión de parte, relevo de prueba”, una cuestión de éstas, en cualquier país que se precie de ser democrático, hubiera ocasionado la caída del gobernador y la cárcel para él y su gente, pero aquí: ¡no pasa nada!

Ahora resulta que los partidos políticos se tienen que aguantar y tolerar posturas antidemocráticas, regresivas y fuera de todo orden legal. Si no lo hacen, son antipatriotas, chantajistas, extorsionadores y demás.

Alguien debe poner orden, con los gobernadores, con la delincuencia organizada que sigue azotando a todo el país, combatir los casos evidentes de corrupción, ahí están los Moreira, el sindicato de Pemex, el ex gobernador Granier, por citar algunos. Aplicar la ley en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, la UNAM. Seguimos sin entender en caso Cassez, la farsa de las declaraciones patrimoniales, el asunto de la Lady Profeco y muchos más que en el transcurso de apenas cinco meses de la administración se han ido acumulando.

Hace falta, mucha falta, entrar al carril de la transparencia, la legalidad y sobre todo de la voluntad para hacer bien las cosas.

Por: Alejandro Zapata Perogordo / elarsenal.net