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Opinión

Pobreza y violencia van de la mano

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Transcurridos dos meses y medio de que entró en funciones el gobierno federal encabezado por el priista Enrique Peña Nieto, hay indicios de que los problemas que enfrenta la nación, como la cada vez más aguda pobreza y la violencia que padece la nación, en vez de resolverse, se van a acrecentar en perjuicio de las grandes mayorías.

 

Cuando el jefe del Ejecutivo dio a conocer el pasado 21 de enero la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de inmediato se desataron críticas en cascada por parte de la oposición y de especialistas en el tema, coincidiendo en que el programa no es otra cosa que un instrumento dirigido a beneficiar electoramente al PRI y no para abatir el hambre y las carencias de más de 52 millones de mexicanos que viven en la pobreza.

Para especialistas en el tema, como Adolfo Sánchez Almanza, del Centro de Investigaciones Económicas de la UNAM, el gobierno no explicó la estrategia completa para combatir el hambre, en tanto que hablaba de 7.4 millones de personas en situación de hambre, siendo que conforme a las cifras del Coneval los pobres que no tienen ingreso suman 23 millones.

Y en relación a este tema, cuando hace dos años participó en un evento denominado Value Investing Forum, el controvertido ex presidente Carlos Salinas expresó que la mayor violencia que se padece en México es la “del efecto de la pobreza sobre los grupos más desamparados de la población”; un comentario que la actual clase gobernante requiere de reflexionar muy bien.

Porque violencia no es exclusivamente la que se refiere a levantamientos armados. Se presenta cuando se desintegra el núcleo familiar, por penurias económicas; a partir de que los hijos salen a las calles a “trabajar” y sufren rechazo e injusticias; o cuando madres de matrimonios disfuncionales padecen acoso y sueldos paupérrimos en sus empleos, y luego reciben agresiones de un marido atormentado por las frustraciones económicas.

Violencia se da cuando los campesinos arriban a los centros urbanos para sobrevivir en condiciones infrahumanas o la padecen los migrantes cuando soportan discriminación y laboran jornadas infrahumanas, sin ninguna prestación social. O la que enfrenta el obrero cuando no le alcanza para satisfacer los requerimientos mínimos de su familia, entre otros tipos de violencia.

Y una reacción que se está dando frente a la creciente violencia, cuyo caldo de cultivo es la pobreza que, por lo que se aprecia no está siendo debidamente combatida por el gobierno, son la creación de las guardias comunitarias, que han estado surgiendo en entidades como Guerrero y Michoacán. Algunas producto de la iniciativa de la comunidad ante la falta de seguridad que debe garantizar el Estado, y algunas otras patrocinadas por los caciques locales, con el riesgo de que bajo este escenario se catapulte el peligroso paramilitarismo que tanto daño ha provocado al tejido social de otras naciones.

De ahí que el gobierno federal debe reconsiderar que los programas para combatir la pobreza no se deben fundar en función de los intereses de un partido político, sino para beneficiar a las grandes mayorías que padecen hambre.

El pasado 21 de enero, cuando dio a conocer la puesta en marcha de la Cruzada Nacional contra el Hambre, el presidente Peña Nieto expresó que “atender la pobreza no es una opción, es una obligación ética y moral que tiene el gobierno de la República”.

Entonces, lo que queda es ser congruente con lo que se dice y hace.

Por: Carlos Blanco / elarsenal.net

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