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Opinión

¿Montajes?

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La supuesta trama financiera que supuestamente desfalca a Petróleos Mexicanos, y que involucra al gigante alemán Siemens y a la empresa coreana SK Engineering, trató de ser desmontada por la vía jurídica y por la vía mediática.

En los primeros días del sexenio, la paraestatal mexicana contrató los servicios del despacho, Goldstein & Russell PC para revirar el reclamo de esas firmas, que asociadas con Tribasa, obtuvieron a finales del sexenio de Ernesto Zedillo el contrato para reconfigurar la refinería “Héctor R. Lara”, de Cadereyta, Nuevo León.

Los particulares demandaban –desde hace una década– el pago de los sobrecostos que había derivado la obra y los costos legales de un larguísimo arbitraje comercial, que suman casi 2,000 millones de dólares.

En un giro dramático, los abogados de Pemex acusaron a intermediarios de la firma alemana y a ex funcionarios de esa dependencia de asociarse criminalmente para afectar su patrimonio. Y mientras tramitaban la intervención del juez Louis Stanton, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, al mismo tiempo filtraban a los medios que el empresario Jaime Federico Said Camil Garza, presuntamente había recibido tres pagos, que suman 2.6 millones de dólares, que habrían servido para sobornar a funcionarios mexicanos, quienes a fin de cuentas habrían autorizado el pago de las indemnizaciones reclamadas.

Camil Garza acudió a los medios para decir su verdad. Siemens, por su parte, decidió contratar a la firma White & Case para ofrecer sus argumentos de defensa.

Este litigio habría vivido una época intensa en febrero. Pero se atravesó la explosión en el edificio B2 del complejo administrativo de Pemex. Y más adelante, surgieron algunas evidencias que apuntaron la acción penal contra Camil Garza en una especie de desquite que buscaría lavar viejas afrentas entre ese empresario y Emilio Lozoya Thalman, padre del actual director de la paraestatal.

Hace mes y medio, Pemex retomó su ofensiva judicial y solicitó al juez Stanton una prórroga de 20 días para presentar nuevas evidencias. La defensa de Conproca exigió que dichas “tácticas dilatorias” no fueran permitidas.

“Antes de presentar la demanda, (Pemex) estaba obligada a determinar si existía suficiente evidencia para apoyar sus acusaciones”, reclamaron los abogados de White & Case. Entonces, Goldstein todavía no contaba con el testimonio de Paul Muller, ex empleado de Siemens, quien supuestamente ofrecería “pruebas contundentes” de los ilícitos cometidos.

En las fojas del expediente 1:12-cv-09070 –filtradas por los voceros de Lozoya Austin– no consta ese testimonio, sino la interpretación de los abogados de los demandantes, quienes sostienen que el ex presidente nacional del PAN, César Nava Vázquez, impidió que Pemex recibiera 102 millones como compensación por las violaciones al contrato de Conproca cuando fungió como abogado general de Pemex.

El problema es que Muller no incrimina a Nava Vázquez. Y que los abogados de Siemens han exigido a Pemex detener su campaña, a efecto de ya no infringir más daño a la reputación de la firma alemana.

Hasta ahora, solo ha habido un juicio mediático contra el ex dirigente panista, quien ha visto deteriorada su imagen pública pero debe seguir siendo considerado inocente. Todavía no le demuestran lo contrario.

Su caso podría compararse al del ex gobernador priista Andrés Granier Melo, quien ha sido citado por la Procuraduría de Tabasco para responder a las acusaciones por el presunto desvío de más de 1,900 millones de pesos de las arcas estatales. Nadie duda de sus pillerías, pero ¿y el debido proceso?

EFECTOS SECUNDARIOS

EN LA PICOTA. En las redes sociales avanza, sin que nadie lo detenga, el próximo escándalo de opinión pública que afrontará la administración peñista. El blanco de los ataques es Benito Neme Sastre, director de Capufe, luego de las omisiones de esa dependencia federal para proteger a los usuarios de la red carretera, que tiene su expresión más lamentable en el deslave en la autopista México-Querétaro, que dejó un saldo fatal de siete fallecidos. El abogado tabasqueño ha mostrado más interés en la política de su entidad que en los asuntos de su despacho. Y en las semanas recientes ha encabezado una campaña que busca colocar al ex magistrado Guillermo Narváez al frente del PRI estatal, lo que propició que una decena de líderes de ese partido –ahora de oposición en aquella localidad– trajeran una sentida queja a la oficina de la secretaria general del PRI, Ivonne Ortega.

GRADUADOS. Sin desatender los asuntos de su despacho, el gobernador priista de Querétaro, José Calzada Rovisora, cumple además con un estricto programa académico y muy pronto presentará su examen profesional para obtener un doctorado en su área de especialización, que es la administración pública. Seguirá los pasos de la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa acudirá a la Unidad de Posgrados de la Facultad de Derecho de la UNAM, para defender su tesis de doctorado, que tituló: “Jurisprudencia, reformas constitucionales y legales en materia electoral (mujeres e indígenas)”.

¿ENTOURAGE EN LOS PINOS? “Así son las mujeres de los presidentes”, se llama el reportaje multimedia publicado por el diario ABC, de Madrid, España. La quinta infografía está dedicada a la primera dama de México: “Angélica Rivera y su séquito”, refiere y citando a revista Emeequis da cuenta del personal adscrito a la Dirección General Adjunta de Actividades de la Oficina de la Presidencia de la República. Siete personas trabajan al servicio de la ex actriz y sus salarios suman más de cinco millones de pesos anuales.

Correo electrónico: [email protected]

Por: Alberto Aguirre M. / elarsenal.net

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