Connect with us

Opinión

Los independientes II

Published

on

Enviar Por:

En la “industria de la queja”, que ha puesto al IFE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pocas veces se ven quejas inéditas. El recurso de apelación 64/2013 promovido por el PRD en contra del Comité de Radio y Televisión era una notable excepción.

La representación legal del partido del sol azteca impugnaba el acuerdo 33/2013 de esa instancia administrativa que había modificado el modelo de distribución y las pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de los partidos políticos para el proceso electoral local 2013. Los candidatos independientes que se postularon en cuatro de los 10 municipios de Quintana Roo quitarán tiempo aire a los abanderados de los partidos tradicionales y eso –a ojos del PRD– resultaba improcedente. En todo caso, alegaban, el Instituto Estatal Electoral debía tener la última palabra en ese tema.

El pasado miércoles 5, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró infundada la queja perredista y determinó que los candidatos independientes tienen derecho a una proporción de los 18 minutos que la Constitución Federal concede a los partidos políticos para la difusión de su propaganda, dentro de los tiempos oficiales.

En Zacatecas y Quintana roo, los candidatos independientes gozan de plenos derechos y prerrogativas. Los primeros debates sobre los contenidos de la reforma electoral en ciernes apuntan a poner remedio a los principales defectos del sistema de partidos –el costo de las campañas, el desvío de recursos públicos a las contiendas, las prácticas tradicionales de clientelismo electoral y el pago por coberturas informativas– pero la irrupción de las candidaturas independientes resulta un ominoso precedente.

“Aquello que es permitido no siempre es efectivamente ejercido”, dicen con bastante frecuencia y sobrada razón los abogados electorales. Y la indefinición reglamentaria abonó el terreno para una suerte de “ley del embudo”, que los magistrados de la sala superior del Tribunal electora han tenido que proscribir.

En ambas entidades, ante la falta de definición en la legislación, las autoridades administrativas han sido requeridas para resolver sobre condiciones básicas de la competencia: las modalidades de financiamiento, el acceso a los medios de comunicación y la representación ante los institutos electorales.

Y es que mientras los candidatos “tradicionales”, es decir aquellos postulados por los partidos, deben cumplir con normas estrictas para el financiamiento y fiscalización de sus campañas, la falta de una normativa aplicable a los independientes dejó abierta una avenida, para el ingreso de dinero privado.

Hay quienes –basados en la evidencia de las contiendas del 2012– piensan que la vinculación de los representantes populares a un grupo de interés (sean empresarios, medios de comunicación u otros “poderes fácticos” – es oprobiosa, pero si los candidatos independientes no reciben financiamiento público el problema se agravará terriblemente.

El texto constitucional permite este tipo de postulaciones y solo queda pendiente una reglamentación específica, en el Código Electoral. Paradójicamente, la competencia y la diversidad propiciada por las candidaturas independientes beneficia a los partidos, aunque sea marginalmente, y marca un precedente a uno de los temas que será ampliamente discutido en el debate sobre la reforma política: las candidaturas ciudadanas, cuya inclusión dentro del sistema electoral mexicano ayudaría a la consolidación del régimen de partidos y de rendición de cuentas.

En sentido contrario, hay quienes sostienen que las candidaturas independientes podrían ser una falsa salida a la falta de representatividad y generalizar una la “personalización” de la política que derivaría en la reinstauración del caudillismo.

Para bien o para mal, en esta primera experiencia, los institutos electorales de Zacatecas y Quintana Roo han tenido que delimitar el marco de actuación de los candidatos independientes.

EFECTOS SECUNDARIOS

INTERVENCIÓN. Los senadores Roberto Gil Zuarth y Fernando Herrera Ávila, del grupo parlamentario del PAN, propusieron un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar a las secretarías de Economía y Agricultura a que atiendan el problema que ha paralizado la producción de leche en el Bajío, por la disputa entre los propietarios de GILSA, la empresa que detenta el sello de San Marcos y a la que los ganaderos de la región entregan aproximadamente 750,000 litros diariamente. El grupo de accionistas mayoritarios, conformado por más de 290 ganaderos afectados, han solicitado en numerosas ocasiones apoyo a las autoridades federales y locales para recuperar el control del negocio y demandar claridad y transparencia en la gestión de la empresa, que tenía al frente a Miguel Ángel Álvarez Flores. Los quejosos, quienes ostentan más del 64% de las acciones de GILSA, han mencionado que aprovechándose de su posición e influencias, Álvarez Flores ha privilegiado sus intereses particulares sobre el bienestar de la sociedad.

Por: Alberto Aguirre M. / Correo electrónico: aam@mexico com

Más leídas