La Ley de Dios

Pablo de Antuñano fue uno de los coroneles del movimiento estudiantil que paralizó a la UNAM y respaldó las aspiraciones presidenciales de Cuauhtémoc Cárdenas, hace 25 años. En la calle, y no en las aulas, ha ejercido la sociología.

Durante la última, estuvo a cargo de la política gubernamental de atención a los jóvenes en el Distrito Federal, durante una década. Hasta el año pasado, cuando fue obligado a retirarse de la administración pública, por su declarado ebrarismo.

De Antuñano ni se inmutó con los manceristas. Prefirió dedicar sus esfuerzos a conseguir los recursos financieros que le permitieran cumplir con otro de sus proyectos: filmar un documental sobre la vida de los jóvenes en la Ciudad de México.

Los donativos de sus amigos sumaron 800,000 pesos, que fueron suficientes para producir La Ley de Dios, un cortometraje independiente, de 30 minutos de duración, que desarrolla con ingenio un guión que presenta la vida de un joven habitante de una zona marginal de la Ciudad de México, que transgrede los 10 mandamientos bíblicos en una sola jornada.

“Es una película de antivalores”, define De Antuñano, “una película violenta no apta para menores, que trata de hacer ver la urgencia de sumar esfuerzos para trabajar a favor de nuestros jóvenes”.

De Antuñano presentó su cortometraje en el salón “Heberto Castillo” del antiguo Palacio de Donceles. Lo recibieron otros ex funcionarios ebraristas que ahora forman parte de la ALDF, Esthela Damián, Ana Julia Hernández y Efraín Morales.

Quiso la suerte que la presentación de esta cinta –ya inscrita a una docena de festivales en todo el mundo– coincidiera con la primera crisis del gobierno de Miguel Ángel Mancera. Y que la ficción y la realidad se toquen, pues cualquiera de los 12 muchachos de Tepito desaparecidos en la Zona Rosa podría ser su protagonista.

La administración capitalina hizo lo correcto para contener lo que la opinión pública interpretó del suceso –la irrupción del crimen organizado en la capital de la República– pero ha fallado en el encuadre del problema, que no es otro que la solución de los problemas de los jóvenes, el segmento poblacional más importante, en un entorno violento e inseguro; desprovisto de oportunidades laborales y educativas.

Desde que Marcelo Ebrard dirigió la policía capitalina, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un cúmulo de servidores públicos estuvo al pendiente de lo que pasaba en Tepito. Allí están la experiencia del comandante Víctor Hugo Moneda Rangel –asesinado por sicarios en el 2008– y de otros que funcionarios que implementaron el plan de las coordinaciones territoriales, como Rosa Icela Rodríguez, entonces secretaria técnica del gabinete de seguridad y actualmente secretaria de Desarrollo Social del GDF.

De las problemáticas que entonces y ahora vivían los habitantes del llamado “Barrio Bravo” también saben el ahora director del Metro, Joel Ortega, y el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, el funcionario de la actual administración que quizá mejor conozca Tepito. Inexplicablemente, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera ha dejado de lado toda esa experiencia.

La indolencia gubernamental hacia los jóvenes está generalizada. El desinterés de la administración peñista por la problemática de los jóvenes se materializó desde la campaña, incluso antes de la movilización de los estudiantes que participaron en el movimiento #YoSoy132. Y en el primer tramo del sexenio se ha extendido, con la reubicación del Instituto Mexicano de la Juventud, que durante seis meses estuvo acéfalo.

Abogado de profesión, ex diputado local y síndico con licencia del ayuntamiento de Colima, José Manuel Romero Coello cumple un mes al frente del Imjuven y aun no fija una postura sobre la atrocidades que sufren los jóvenes en la Ciudad de México y otros entornos sociales incluso más violentos. Quizá su jefa, la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, todavía no le haya autorizado a aparecer públicamente. Pero más valdría que Romero Coello definiera pronto las políticas públicas que impulsará para atajar la criminalización de los jóvenes. Las consecuencias sociales de no hacerlo, serían terribles.

EFECTOS SECUNDARIOS

1. EXTRAORDINARIO. Pasado mañana, los coordinadores de los grupos parlamentarios de ambas cámaras del Congreso de la Unión definirán la convocatoria y la agenda del periodo extraordinario de sesiones, mismo que tiene un tema seguro, por mandato judicial: completar el trámite para la designación del sustituto de Sergio García Ramírez como integrante del Consejo General del IFE. El PRD, en voz Silvano Aureoles Conejo, estableció que la autonomía en la integración de los órganos constitucionales como el IFE, IFAI, Cofeco y el próximo Ifetel será una de sus prioridades. En ese mismo sentido, el líder de la mayoría priista en San Lázaro, Manlio Fabio Beltrones, adelantó que la reforma financiera, junto con la ley sobre deuda de las entidades federativas y municipios, serán desahogadas en el extraordinario. Y después, la iniciativa de reforma constitucional que otorga al Congreso federal la atribución de legislar en materia penal y que, a su vez, dé pie a la armonización de la legislación procesal a nivel nacional. También se podría abordar la iniciativa de ley del Instituto Nacionalla Evaluación de la Educación.

Por: Alberto Aguirre / elarsenal.net