La disidencia golpea la reforma educativa peñista

Carlos Blanco

Transcurridos apenas dos meses de que la reforma educativa peñista adquirió rango constitucional, luego de que fue avalada por 19 congresos estatales, ha comenzado a ser bloqueada en Guerrero y Oaxaca, donde los maestros le han hecho manita de puerco a los gobernadores al lograr que la reforma educativa adquiera un cariz más cercano a los intereses de la CNTE que a los del gobierno federal.

En el estado de Guerrero, después de más de tres semanas de paro, el magisterio de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg), logró que Ángel Aguirre Rivero diera marcha atrás a su amenaza de no pagar el salario a los maestros faltistas y que aprobara la creación del Instituto de Evaluación Estatal Autónomo de Guerrero, que será gobernado por un “Consejo Honorifico”, es decir, con la participación de personalidades afines al magisterio disidente de la sección XIV de Guerrero.

Los resultados de las negociaciones en Guerrero navegan en sentido contrario a la reforma peñista que contempla la creación de un Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con su debida replica en los estados, con un órgano de gobierno que se constituirá con cinco personas propuestas por el presidente y/o el gobernador, sujetas a la aprobación del Congreso.

De acuerdo al proyecto educativo peñista los maestros que no pasen la evaluación, corren el riesgo de perder su plaza, aunque en el caso de Guerrero esa amenaza se hizo humo al colocarse el magisterio como juez y parte dentro del Instituto de evaluación.

Todavía falta que el Congreso estatal, dominado por diputados perredistas, apruebe los cambios que negoció Aguirre con la Ceteg, bajo un escenario en que el gobernador aliancista, pero muy cercano a Peña Nieto, será sometido en los próximos días a fuertes presiones por parte de Emilio Chuayffet para que reconsidere lo acordado con la disidencia de la sección XIV.

En este contexto habrá que imaginar cuál será el estado de ánimo del secretario Chuayffet que en las últimas semanas reiteró con megáfono que a los maestros faltistas no se les iba a pagará, y ahora resulta que el gobernador de Guerrero sí autorizó el pago.

Desde el punto de vista político la autorización del pago representa un bofetón para el titular de la SEP y un precedente que debe poner a temblar a las autoridades educativas federales que en las próximas semanas verán frente a las instalaciones de la SEP nutridos contingentes magisteriales demandando incremento salarial.

En el caso de Oaxaca, los avances del magisterio de la sección XXII han ido muy lejos. Sin más, el gobernador Gabino Cué autorizó que se incluya como programa estatal el propuesto por la aguerrida disidencia oaxaqueña, conocido como Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO).

En el caso de que el Congreso de Oaxaca autorice hacer reformas e incluya el PTEO habrá que estar muy al pendiente de los resultados de dicho plan. Los maestros siempre han pugnado por tener una participación más directa en los planes y programas oficiales. En Oaxaca, uno de los estados con mayor rezago educativo, se les está brindando toda la oportunidad.

Pero Gabino Cué está incurriendo en un grave error, porque él es el responsable de la educación estatal, no el sector magisterial. A los maestros de preescolar, primaria, secundaria, se les puede consultar, pero no deben erigirse en los representantes de toda la sociedad oaxaqueña, y ser los únicos autores de los planes y programas oficiales educativos. Lo que acontece en Oaxaca es un desastre.

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