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Opinión

La batalla de Campa

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Alberto Aguirre M.

De sonrisa franca y modos diplomáticos, Roberto Campa Cifrián de pronto endurece el gesto, cuando encara la pregunta directa: ¿acaso es usted el director del Instituto Mexicano de la Juventud?

 

El subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana está en la etapa final de una gira que lo llevará a reunirse con los 31 gobernadores de la República, a quienes entrega el mapa estatal de las zonas con más incidencia delictiva. Va en son de paz, tratando de confirmar los diagnósticos del centro, con información local, para enfrentar la crisis de inseguridad sin el uso de la fuerza policiaca.

“No se trata de tiros al aire, sino de acciones concretas”, explica el funcionario peñista, sobre el Programa Nacional de Prevención del Delito, “tampoco se trata de experimentar, sino de construir una metodología exitosa, de tejer trajes a la medida de cada zona y región del país”.

Distanciado de las estridencias del movimiento #YoSoy132 y sin comprar la retórica que envuelve a los estudiosos de los “ninis”, el gobierno peñista ha concentrado buena parte de los esfuerzos –y los recursos– institucionales al Programa Nacional de Prevención del Delito, que no busca otra cosa más que rescatar a los jóvenes radicados en las zonas más violentas del país, particularmente en aquellas zonas donde las organizaciones criminales reclutan halcones y sicarios.

Y no arranca con pura saliva. La Secretaría de Hacienda destinará 115,000 millones de pesos para sostener esta estrategia prioritaria para la Secretaría de Gobernación, que encabeza Miguel Ángel Osorio Chong. La prevención social de la violencia y la delincuencia –de acuerdo con Campa Cifrián– no solamente es un asunto del gobierno, demanda la intervención de la sociedad civil.

A sus 56 años de edad, este abogado formado con los Legionarios de Cristo –aunque también se matriculó en Economía, por el ITAM– trata con jóvenes en su propia casa, como padre de cuatro hijas. Además fue subdelegado político en Iztapalapa, una de las 57 demarcaciones donde tendrán lugar las “intervenciones focalizadas”, para reducir –en el corto y mediano plazo– los índices de violencia y criminalidad.

Estas intervenciones –insiste Campa Cifrián– se orientarán mediante una estrategia de “acupuntura socio urbana” que abarca desde el equipamiento de edificios hasta el financiamiento de proyectos urbanos o la instauración de nuevas prácticas y hábitos de convivencia, cooperación y solidaridad en las colonias o polígonos más peligrosos del país.

Campa Cifrián asumió la titánica tarea de materializar la promesa presidencial de reducir la tasa de homicidios, multiplicada exponencialmente después de un sexenio de violencia y expresada en las decenas de miles de muertes que acabaron con la reputación de México en el extranjero.

¿Per se, los programas sociales de prevención de la delincuencia harán que disminuya la inseguridad? Está claro que necesitan verse reforzados por políticas públicas transversales y, sobre todo, por un sistema de seguridad pública y procuración de justicia realmente honesto y eficiente.

Allí están los modelos de intervención exitosos, como la Línea Verde en Aguascalientes –una zona recreativa edificada sobre 12 kilómetros de viejos oleductos de cruza la zona metropolitana de la capital hidrocálida– o Tijuana Innovadora, la iniciativa empresarial para redimir el acervo cultural e industrioso de aquella ciudad fronteriza, que posteriormente se replicó en Ciudad Juárez.

Cada una de esas experiencias y otras, en las que se involucraron activistas ciudadanos y representantes de organizaciones de las víctimas de la violencia, han catapultado a líderes sociales como Alberto Capella, José Galicot o Lucila Guerra Delgado. Hay muchos trabajadores sociales mexicanos con la experiencia y capacidad para llegar a los grupos vulnerables, si le son asignados los recursos necesarios.

“El financiamiento para apoyar estos programas es dinero bien invertido”, ha suscrito la organización International Crisis Group, “si México tiene éxito en la reducción de la violencia, su modelo de seguridad puede convertirse en uno a seguir en lugar de uno que temer”. Este think tank europeo acaba de presentar el estudio El desafío de Peña Nieto: los carteles criminales y el Estado de Derecho, cuyo consumo resulta obligatorio para entender la causalidad de la violencia en México.

EFECTOS SECUNDARIOS

#VACANTE. En change.org –la página de internet donde se formulan peticiones ciudadanas– llevan la cuenta: han pasado 116 días de este nuevo gobierno y aun no se da el nombramiento del nuevo director del Instituto Mexicano de la Juventud. Allí mismo se recaudan firmas de respaldo para una carta que será entregada al secretario de Educación, Emilio Chuyaffet Chemor, y a la titular de Sedesol, Rosario Robles Berlanga, para pedirles que solucionen este problema. En la misiva, queda establecido el perfil del nuevo encargado del Imjuven. Debe ser alguien “con trayectoria reconocida en la materia y con capacidad de incluir a los diversos actores políticos y sociales en el diseño, implementación y evaluación de políticas, programas y proyectos que atiendan las necesidades de la diversidad de juventudes mexicanas”. ¡Órale!

 

elarsenal.net

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