Desarme en Michoacán

Ni preso, ni muerto. Todo lo contrario: en una casa de seguridad al sur de la Ciudad de México vigilado por agentes federales, sin limitaciones para comunicarse, el doctor José Manuel Mireles Valverde –el carismático líder de las autodefensas de Tepalcatepec– dio al traste a la estrategia de comunicación del gobierno federal (si es que hubo alguna) en las horas posteriores a la ocupación de la Tierra Caliente.

Casi a la medianoche, a través del principal noticiero de la televisión, apareció Mireles dando lectura a un comunicado en el que –a nombre del consejo general de las autodefensas y comunitarias– se comprometía a  atender el llamado a deponer las armas formulado en la víspera por el secretario Miguel Ángel Osorio Chongo.

“Nos apegamos a las reglas”, leyó Mireles con voz vacilante, “aceptamos regresar a nuestras comunidades de origen e incorporarnos a nuestras actividades cotidianas”. La acción militar en el poblado de Antunez –donde fallecieron cinco civiles, entre ellos una menor de 5 años– y la difusión de otras dos declaraciones de Mireles, en las que exhortaba a sus correligionarios a mantener su levantamiento contra los Caballeros Templarios…

El Mireles que apareció en Televisa habla y se comporta muy distinto al que ofreció una conferencia de prensa a cinco medios, la noche del pasado lunes 13, y al que puede verse –sin cortes o ediciones en You Tube–, aunque no fue replicado en “Valor por Michoacán”, la cuenta de Facebook y Twitter que combatió con rumores y descalificaciones a las Fuerzas Federales desplegadas en la zona de riesgo. Un hashtag (#FuerzaMichoacan) se generó para dar cabida al “seguimiento” de las acciones de las corporaciones policiacas.

Allí, con más rapidez y precisión que en los medios convencionales, los michoacanos están al tanto de la ocupación militar en Tierra Caliente. Allí, con viralidad, se multiplican las expresiones contra el Ejército mexicano, sin que nadie pueda contrarrestar esa oleada de opiniones negativas.

Del lado oficial, nada. Hasta el cierre de este espacio ni Eduardo Sánchez ni otro vocero del gobierno federal había ofrecido información oficial sobre la toma de las alcaldías de Uruapán y Apatzingan o del desarme de las corporaciones policiacas de ambas municipalidades.

Y los grupos de autodefensa reiteraron que hasta que el gobierno federal acabe con los siete líderes máximos de Los Caballeros Templarios, obedecerán la instrucción de deponer su “levantamiento” contra el crimen organizado, que –justificaron– solo busca salvaguardar la seguridad de los michoacanos.

La intervención de las fuerzas policiacas y castrenses en la Tierra Caliente sumió provocó un choque entre los poderes estatales. El diputado perredista Fidel Calderón, líder del Congreso de Michoacán, emitió un extrañamiento público al gobernador Fausto Vallejo por haber solicitado la intervención del gobierno federal sin respetar lo estipulado en el artículo 119 constitucional.

Paradojas de la seguridad pública. Para justificar el despliegue de las Fuerzas Federales en aquella región del país, desde el Palacio de Covián enviaron una copia de acuerdo 04/2012 firmado por el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que estipula los “lineamientos generales para la regulación del uso de la fuerza pública”.

Allí claramente se definen y precisan las facultades de los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (FEHCL) –entre ellas, la presencia disuasiva y el control físico– por lo que “el resto de la ciudadanía no tiene, tales como el arresto, la detención, el uso de la fuerza y el empleo de las armas de fuego”.

Los artículos 5 y 6 de ese ordenamiento estipulan que el “uso de la fuerza necesaria” se destinará a neutralizar y a controlar conductas que generen amagos de violencia y que tengan propensión a causar daños a la integridad de otras personas o a la de los elementos de los cuerpos policiales federales y que también podrá invocarse al “uso legítimo de la fuerza” para restablecer el orden público causado “por disturbios colectivos y por actos tumultuarios que generen violencia o daños a terceros, propiedades e integridad física de otras personas, así como en situaciones de alteración grave del orden y la paz públicos”.

A final de cuentas, la crisis de las policías comunitarias y las autodefensas también generó un intenso debate en el mundo académico. Y entre las posturas más radicales destaca la del maestro Pablo Monzalvo,  especialista en seguridad nacional y pública de la Universidad Iberoamericana, quien de plano consideró que lo más conveniente es convertirlos en policías… lo que implicaría un esfuerzo institucional para verificar que no pertenecen al crimen, así como una modificación puntual del orden jurídico.  ¡Órale!

EFECTOS SECUNDARIOS

¿DESPRECIO? El presidente Enrique Peña Nieto finalmente no acudirá a Puerto Vallarta, donde esta semana sesionó el pleno del Foro de Parlamentarios de la región Asia Pacífico, que celebró su XXII reunión anual, bajo la presidencia del senador priista Raúl Cervantes. El primer ministro japonés, Yasuhiro Nakasone –quien es presidente honorario de la APPF– tampoco se presentó. Los invitados especiales de los legisladores fueron el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, quien anoche ofreció una cena de honor a los visitantes distinguidos, que trabajan a marchas forzadas para consensuar las resoluciones, que necesariamente deben ser producto de votaciones unánimes.

TRIPLE PLAY. Un moderno complejo de edificios por los rumbos de Santa Fe, muy cerca del campus del Centro Bancomer, es la sede de la nueva unidad de negocios de Televisa enfocada a concentrar su oferta de servicios de proveeduría para la industria de las telecomunicaciones. Técnicos de Bestel y Cablevisión allí tendrán su central de operaciones, a la que acudirán Telmex, Iusacell y Axtel, por citar a las más importantes empresas interesadas en dar el siguiente paso y ofrecer contenidos en plataformas móviles.

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por Alberto Aguirre  / Correo electrónico: aam@mexico.com / elarsenal.net