La filtración de conversaciones privadas de Josefina Vázquez Mota es demostrativa del curso repelente que tendrá el proceso electoral, marcado por una decisión tomada: aniquilar al adversario a cualquier costo, aunque sea del mismo bando.
“Ya se acabó con esto la ocurrencia de los foros, seguramente habrá un debate dentro de un mes y se acabó. Esto se lo dije a Madero temprano, lo busqué desde el lunes, y dije: Oiga, Madero, convócanos, porque este cuate nada más los está utilizando para golpear de manera rastrera”.
El anterior es un fragmento de una plática de la precandidata panista filtrada en las redes sociales, por lo cual presentó una denuncia ante la PGR por los delitos de intervención ilícita y difusión de comunicaciones privadas.
Imposible soslayar que el precandidato Ernesto Cordero figura en la percepción como el aspirante oficial, pero Vázquez Mota lo rebasa cuatro a uno en todas las encuestas hacia la elección interna del domingo.
Grabar conversaciones no solo es delictivo, sino también difícil desde el punto de vista técnico. Es poco probable que un particular se arriesgue y posea medios para hacerlo. Husmear profesionalmente es privativo de los servicios oficiales.
El proceso electoral se adentra en una descomposición moral inquietante, de lo cual fue un ejemplo la controlada tardanza de la PGR en aclarar que solicitó registros de entrada y salida del país de tres ex gobernadores priístas.
En la mañana, las autoridades filtraron la existencia de una alerta migratoria contra Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores.
En una estrategia cercana al “denigra, que algo queda”, la PGR dejó fluir el trascendido, sin negarlo o confirmarlo, hasta… la una y media de la mañana, cuando aclaró que sí investiga a los ex gobernadores, pero sin alerta migratoria, orden o restricción de libertad de tránsito.
El uso partidista de la procuración de la justicia coincidió durante el actual sexenio con las etapas electorales. El 28 de mayo de 2009, antes de las elecciones intermedias, el gobierno capturó a 17 funcionarios del gobierno perredista de Michoacán.
También a dos alcaldes perredistas, seis priístas y solo dos panistas, por presunto vínculo con el crimen organizado, cargo que se fue diluyendo hasta quedar en la inocencia total de todos los inculpados cuando el PAN y el PRD se convirtieron en aliados electorales.
Pero el michoacanazo de nada sirvió al gobierno: un mes después, el PAN pasó de ser primera minoría en la Cámara de Diputados a la segunda, al caer de 206 a 143 diputados, y perder sus bastiones de Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Toluca y Cuernavaca.
Porque el uso malintencionado de la justicia no siempre funciona. En especial cuando se le ven tanto las costuras.
Por: Rubén Cortés, elarsenal.net
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