Creo que estos días no han sido muy buenos por quienes luchamos por la democracia y la libertad de expresión. A todo lo sucedido con Peña Nieto (con sus encuestas amañadas), le sumamos los intentos de las corporaciones de hacer que se apruebe la ley SOPA, el cierre de Megaupload entre otras cosas. Los jaliscienses recibimos hoy una mala noticia, y es que se abrogó la ley de transparencia en Jalisco.
Con esto, como menciona la Asociación Mexicana con Derecho a la Información, se reducen los derechos de los ciudadanos jaliscienses y el artículo 106 de la nueva ley atenta contra la libertad de expresión, la cual dice lo siguiente:
Se infracciona a particulares por difundir o publicar información considerada como reservada.
A cambio de la Ley de Transparencia abrogada, el congreso incluyó otra llamada Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (la cual por su nombre es más ambigua).
Es de notar que se cambiaron palabras, al eliminar “transparencia”, y poner en su lugar “información Pública”, lo cual implica un retroceso en materia de derecho a la información. Pero no son los únicos cambios en perjuicio de los jaliscienses, la AMEDI menciona también otros:
En el objeto de la nueva ley, los legisladores eliminaron “la garantía del derecho fundamental de toda persona a conocer el proceso y la toma de decisiones públicas, así como acceder, consultar, recibir, difundir, reproducir y publicar información” (Artículo 2 de la Ley vigente).
En su lugar, el objetivo de ley se reduce a “clasificar información, proteger datos personales, acceder a información y organizar el funcionamiento del ITEI”.
En la nueva ley se elimina la obligatoriedad de los sujetos obligados de dejar testimonio de las discusiones entre los funcionarios públicos (Artículo 55 de la Ley vigente); se prescinde de la disposición de transparentar las decisiones de los servidores públicos (Artículo 56 de la Ley vigente).
También se reserva información que contenga opiniones, recomendaciones y puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo para la toma de decisiones (Artículo 41 de la nueva ley).
La eliminación de estas dos disposiciones y la implementación de nuevas restricciones limita seriamente la posibilidad de que los ciudadanos conozcan cómo trabaja el gobierno.
Para esta ley no existió ninguna consulta pública, no involucraron al ITEI en la redacción de la nueva ley, la aprobaron “rapidito” y muchos legisladores ni sabían de que se trataba.
Pareciera ser que tiene que ver más con un intercambio de favores. Es lamentable que lo que se había logrado ahora se eche para atrás.
Pero como digo, este año será difícil y crucial, inclusive para preservar la democracia; porque hay muchos interesados, tanto a nivel nacional como mundial, en pisotearla para salvaguardar sus intereses.
Por: Álvalo López, vivirmexico.com
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