Producto de las erróneas políticas, macroeconómicas instrumentadas por el Gobierno Federal, en los últimos veinte años, el campo mexicano atraviesa por una severa crisis económica, que ha orillado a miles de campesinos y productores rurales, a descuidar y en algunos casos a abandonar en buena medida sus tierras y parcelas, en virtud de la nula rentabilidad de los principales productos agrícolas, que históricamente producen.
Entre otros problemas prevalecientes, podemos mencionar como ejemplo los que aquejan a las áreas de riesgo, hoy amenazadas por un gran desperdicio del agua y los altos costos del servicio de bombeo y de irrigación. Se agrega a estas circunstancias negativas el uso de aguas residuales contaminadas, que deprimen la calidad del producto ponen en riesgo las condiciones de vida de la población que vive en el entorno.
La actividad ganadera enfrenta actualmente severos problemas de sobre pastoreo, erosión de pastizales, de forrajes, situación sanitaria e importación desleales.
No es mejor la situación en la que se encuentran las áreas boscosas. La mayor parte ha sido deforestada y las masas arbóreas que aun subsisten se encuentran bajo procesos severos de sobreexplotación.
El sector agropecuario también enfrenta el grave problema de la inexistencia de sistemas de esquemas de financiamiento apropiados e incluyentes, y carece aun de mecanismos de comercialización que permitan a nuestros productores pequeños y medianos participar competitivamente en los mercados locales, nacionales e internacionales.
Para lograr el desarrollo rural, es necesario capitalizar el campo, buscar y poner en práctica nuevas y equitativas formas de asociación, entre ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios y empresarios, promoviendo el arribo del capital buscando cultivos alternativos más rentables, para reactivar el trabajo y los recursos ociosos; solo de esta
manera, usando productivamente la tierra, el capital, la técnica y los equipos, se podrán obtener excedentes de las parcelas y los ejidos para beneficio de las familias que dependen del campo.
La nueva Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
Establece la política hacia el agro, como una política de Estado, lo que le da permanencia y trascendencia más allá de las políticas sexenales, además prevé las formas de concurrencia de los diversos ordenes de gobierno y recursos sustanciales para el campo, generación y transferencia de tecnología, esquemas de financiamiento y administración de riesgos con la participación de la Banca de Fomento, la privada y la social.
De igual manera enfatiza la construcción del capital social, a través de la reconstrucción organizativa en ejidos y comunidades, lo que es por demás importante la conservación y mejoramiento de las tierras y los servicios ambientales, al vincular la tecnología y los apoyos con una normatividad obligatoria que preserva y defiende el patrimonio de biodiversidad de las comunidades y ejidos, el promover el pago de servicios ambientales. En este esfuerzo, el Gobierno Municipal habrá de poner todo su empeño, para su cabal cumplimiento y promoción, en coordinación con las autoridades Estatales y Federales y desde luego con la participación activa de los campesinos.
El sector primario o agropecuario, es tercero en importancia en la estructura económica de municipio, en el año 2000, concentró el 21.9% del total de la población ocupada, que ascendió a 42. 719 trabajadores, es decir, 9.355 personas se dedicaban a actividades tales como: agricultura, ganadería, forestal apicultura, entre otras. Así mismo, del total de la población ocupada, el 25.7% eran trabajadores agropecuarios.
El Municipio de Zitácuaro, registra una superficie total de 494 km2, de la cual 420 km2 se destina a usos agropecuarios, representando en 85% del total. De los 420 km2 dedicados a las actividades del sector agropecuario, el 23.9% se destina al uso agrícola, el 10.1% a actividades pecuarias y el 66% a la actividad forestal.
| < Prev | Próximo > |
|---|
